La Corrupción en la República Dominicana: de Sistema a Combate

Hay una tentación cómoda en el análisis de la corrupción dominicana: tratarla como una suma de casos escandalosos, una colección de villanos individuales que traicionaron la confianza pública. Esa lectura es incompleta, y por eso es peligrosa. La corrupción opera como un sistema estructural. No se trata solo de funcionarios que incurren en malas prácticas, sino de incentivos, relaciones de poder y reglas informales que permiten que el uso discrecional de lo público se normalice y se reproduzca.

Un sistema. No una anomalía. Un sistema con raíces coloniales, con una arquitectura trujillista que lo consolidó, con un período democrático que lo reprodujo bajo nuevas formas, y con un momento presente que, por primera vez en la historia, ha comenzado a desafiarlo con cierta seriedad.

§ ILas Raíces Coloniales: La Corrupción como Modelo Fundacional (1501–1844)

Cristóbal de Santa Clara fue el primer corrupto juzgado en la isla de Santo Domingo, y encarna además el primer gran símbolo de la impunidad. Su herencia ha germinado con extraordinarios bríos en la malhadada historia de nuestro país. En 1501, Nicolás de Ovando fue nombrado nuevo gobernador de las Indias y creó la Real Hacienda de Santo Domingo. Este sería el primer organismo fiscalizador, representado por el tesorero Rodrigo de Villacorta, el contador Cristóbal de Cuéllar, el factor Francisco Monroy y el veedor Diego Márquez. Dos años después fue creada la Casa de Contratación de las Indias.

Desde el primer día en que hubo una institución para controlar el dinero público en la isla, hubo alguien intentando burlarla. La corrupción dominicana no nació con la República ni con Trujillo. Nació con la colonia misma, y la República la heredó como herencia no pedida pero tampoco rechazada.

§ IIEl Trujillismo: La Corrupción como Arquitectura del Estado (1930–1961)

La Era de Trujillo no solo fue la dictadura más brutal de la historia dominicana. Fue también el período en que la corrupción dejó de ser una práctica individual y se convirtió en el principio organizativo del Estado. Trujillo no robó del Estado: convirtió al Estado en su empresa. Acumuló un patrimonio personal equivalente al 65% de toda la riqueza del país. Las aduanas le pertenecían, las empresas más rentables le pertenecían, la tierra le pertenecía.

Los funcionarios no eran servidores públicos: eran administradores de su fortuna personal. Esta estructura —el Estado al servicio de quien lo controla— no desapareció con Trujillo. Sobrevivió a él en la cultura, en las instituciones y en los partidos que vinieron después. Poco o casi nada, salvo la devolución de algo de lo robado, ha sido el resultado de lo que se ha logrado en la lucha contra la corrupción administrativa en los últimos 65 años después del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, según estadísticas de los expedientes que desde entonces hasta la fecha han sido llevados a la justicia.

§ IIIEl Período Democrático: La Corrupción se Democratiza (1961–2004)

Balaguer y el clientelismo como sistema de gobierno

Joaquín Balaguer heredó del trujillismo algo más que el poder. Heredó su modelo de gestión: el Estado como red de distribución discrecional de favores, contratos y nombramientos a cambio de lealtad política. Las obras públicas —muchas sobrevaluadas, muchas innecesarias, construidas con materiales de segunda— eran el mecanismo de distribución de recursos entre la red de contratistas, intermediarios y operadores políticos que sostenían su poder. El cemento fue su moneda política. La red de auxilio caciquil de Joaquín Balaguer al frente del PRSC en la década de los sesenta dio paso en los años ochenta al populismo asistencialista.

El barrilito: la institucionalización del clientelismo legislativo

En 2007, el Congreso aprobó el Fondo de Gestión Legislativa —conocido popularmente como el 'barrilito'— que asignaba recursos directos a cada diputado para distribuir entre sus electores. Lo que se presentó como instrumento de asistencia social fue, en la práctica, la institucionalización del clientelismo en el presupuesto nacional. La Academia de Ciencias de la República Dominicana señaló que nadie de las instituciones correspondientes se atrevía a inmiscuirse en esos malos manejos del Fondo Público, contrario a la Constitución, que sangra las arcas estatales bajo el desvirtuado alegato de una 'asistencia social' que en realidad es aplicada con un criterio clientelista, antidemocrático, espurio y discriminatorio.

La triple quiebra bancaria de 2003: cuando la corrupción quiebra una nación

El colapso bancario de 2003, durante el gobierno de Hipólito Mejía, no fue un escándalo aislado: fueron tres quiebras consecutivas que revelaron la fragilidad sistémica de la supervisión financiera dominicana y la profundidad de la complicidad entre el poder político y el poder financiero.

El Banco Intercontinental (Baninter) fue el primero y el más grande en caer. Sus dueños habían construido durante años un sistema de contabilidad paralela —el llamado 'sistema off'— que ocultaba decenas de miles de millones de pesos en pasivos no registrados, con la complicidad o la ceguera conveniente de los supervisores bancarios del Estado.

Le siguió el Banco de Crédito (Bancrédito) y luego el Banco Mercantil, en una cadena de colapsos que expuso que el fraude no era un problema de un banco, sino de un sistema de supervisión que nunca quiso ver lo que tenía delante.

El Estado dominicano tuvo que rescatar a las tres instituciones con el equivalente al 20% del PIB, desencadenando la peor crisis económica del período democrático: inflación desbocada, devaluación brutal del peso y un deterioro del nivel de vida que borró en meses los avances de años. Los propietarios de Baninter fueron condenados —caso excepcional—, pero los funcionarios públicos responsables de la supervisión nunca lo fueron. El Estado pagó la cuenta; los responsables, en su mayoría, conservaron sus fortunas.

§ IVLa Era del PLD: La Corrupción se Sistematiza (2004–2020)

Leonel Fernández y la opulencia institucional

Los gobiernos del PLD trajeron crecimiento económico real, pero también la expansión más agresiva de la corrupción sistémica en la historia democrática del país. La combinación fue intoxicante: más dinero circulando, más obras en construcción, menos controles institucionales y un partido que se fue convirtiendo, paulatinamente, en una estructura de captura del Estado. El clientelismo es una característica del sistema político dominicano: los partidos son feudos nutridos con los recursos públicos para conseguir y mantener el poder.

El caso Odebrecht: la corrupción revelada desde afuera

La bomba más grande que jamás estalló sobre la corrupción dominicana no la detonó un fiscal dominicano, ni un periodista dominicano, ni una institución dominicana. La detonó un tribunal en Brooklyn. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó a la comunidad internacional el alcance del entramado de actos de corrupción encabezados por Odebrecht. En el caso dominicano, Odebrecht admitió que pagó al menos 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, lo que ayudó a la multinacional brasileña a conseguir 18 contratos por un monto de 4,540 millones de dólares.

En abril de 2014, el entonces gerente de Odebrecht en la República Dominicana autorizó un pago de 20.4 millones de dólares al cabildero Ángel Rondón, por influir en el PLD para favorecer a Odebrecht sobre otros postores en el contrato de Punta Catalina. Se informó además que varios representantes del Congreso y senadores recibieron sobornos de entre 275,000 y un millón de dólares a cambio de apoyar la reforma constitucional de Medina en 2015, reforma que le permitió postularse para un segundo mandato. El caso salpicó a las dos principales fuerzas políticas —el PLD y el PRM—, confirmando que la corrupción era transpartidaria porque era sistémica.

El desenlace: impunidad en cámara lenta

Odebrecht acordó pagar 184 millones de dólares. Pero la empresa solo cumplió con dos pagos de 30 millones de dólares cada uno. Luego se declaró con problemas financieros, por lo que el restante del dinero se quedó sin cobrar. El remate: el 9 de agosto de 2024, la Suprema Corte de Justicia absolvió en Casación a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo, los dos que habían sido condenados. La empresa admitió haber pagado 92 millones en sobornos. La justicia dominicana absolvió a quienes los recibieron. Más impunidad que eso es difícil de imaginar.

El procurador que era el crimen

Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República entre 2016 y 2020, manejó el caso Odebrecht excluyendo deliberadamente a Punta Catalina —la obra más sospechosa— del expediente, protegiendo así al gobierno de Danilo Medina. En 2021, el propio Rodríguez fue arrestado acusado de encabezar una red de corrupción desde el seno mismo de la institución que debía combatirla, con un monto estimado de más de 6,000 millones de pesos sustraídos del Estado.

§ VLa Marcha Verde: El Pueblo Dice Basta (2017–2018)

La Marcha por el Fin de la Impunidad, también conocida como Marcha Verde o Movimiento Verde, fue un evento celebrado el 22 de enero de 2017 en Santo Domingo, simultáneamente en otras localidades en el interior del país y de comunidades dominicanas en el extranjero. La marcha fue convocada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en reclamo de que sean llevados ante la justicia todos los implicados en escándalos de corrupción, principalmente en el Caso Odebrecht.

Se recolectaron aproximadamente 350,000 firmas para solicitar la conformación de una comisión de investigación compuesta por fiscales sin vinculación con el partido de gobierno y con asesoría de las Naciones Unidas. Fue la primera vez en la historia dominicana que la ciudadanía se movilizó masivamente no contra un gobierno autoritario ni contra una crisis económica, sino contra la impunidad de la corrupción. Como evaluó la politóloga Rosario Espinal: 'Si hoy estamos viendo gente con poder económico, político y militar sentada en el banquillo de los acusados, tiene que ver con ese movimiento que se generó en la sociedad dominicana.'

§ VILa Era Anticorrupción de Abinader: Avance Real con Límites Reales (2020–2026)

Las operaciones que cambiaron el precedente

El gobierno de Luis Abinader inició en agosto de 2020 con una ofensiva judicial sin precedentes en la historia dominicana. Las operaciones Coral, Medusa, Antipulpo, Falcón, Larva y otras desafiaron lo que parecía una ley natural del sistema político dominicano: que los poderosos no caen.

El caso más simbólico fue el más cercano al poder: el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpable a Alexis Medina Sánchez por actos de corrupción relacionados con contratos y adjudicaciones durante la administración de su hermano, el expresidente Danilo Medina, y lo condenó a siete años de prisión. El tribunal concluyó que Medina aprovechó su vínculo familiar con el exmandatario para articular un entramado societario que se benefició de obras, bienes y servicios del Estado mediante maniobras fraudulentas. Las propias juezas calificaron el caso como una corrupción 'plena, absoluta y profunda'.

Los límites del avance: la impunidad no muere fácil

Pero el cuadro no es todo luz. El mismo sistema judicial que condenó a Alexis Medina absolvió a los imputados principales del caso Odebrecht. La justicia dominicana, en muchas ocasiones, termina actuando como un actor que blanquea el daño en lugar de repararlo. Las negociaciones, los acuerdos y la reducción de cargos funcionan como un sistema paralelo de impunidad que erosiona cualquier noción de justicia distributiva.

La mejoría en los índices: real pero frágil

La República Dominicana mejoró 8 puntos y 33 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción desde 2020, quedando entre los siete países que más han mejorado en los últimos cinco años. Mejorar en el índice de percepción no es lo mismo que erradicar el sistema. Es el inicio de un proceso, no su conclusión.

Los Grandes Casos de Corrupción: Una Cronología del Saqueo

La Anatomía del Sistema Corruptor Dominicano

El neopatrimonialismo.

El poder político se ejerce como si los recursos del Estado fueran del gobernante de turno. Las empresas públicas se adjudican a allegados, los contratos se distribuyen como favores y las nóminas públicas se inflan para acomodar militantes. Trujillo lo inventó; sus sucesores lo heredaron.

El clientelismo electoral.

El 'barrilito' y sus equivalentes convirtieron el voto en una transacción: obras, nombramientos y favores a cambio de lealtad electoral. El clientelismo restringe el desarrollo democrático, reduce el suministro de bienes públicos, alienta la corrupción y debilita el Estado de derecho.

La captura institucional.

Cuando el fiscal que debe investigar la corrupción es corrupto —caso Jean Alain Rodríguez—, el sistema de rendición de cuentas colapsa. El caso no fue la excepción: fue el ejemplo más visible de una práctica estructural.

La impunidad por acumulación de instancias.

El proceso judicial dominicano, con sus múltiples instancias y sus infinitas posibilidades de dilación, funciona como un mecanismo de desgaste: cuando la sentencia definitiva llega, la pena ya se cumplió en casa.

La corrupción como financiamiento de la política.

Los partidos dominicanos no se financian con cuotas de militantes. Se financian con contratos del Estado, sobreprecios y comisiones de intermediación. El proceso electoral es, en parte, el mecanismo de recuperación de la inversión en corrupción.

La normalización cultural.

La raíz del problema no es solo la existencia de funcionarios corruptos, sino la ausencia de un régimen efectivo de consecuencias. Dicho de manera simple: en el país 'no pasa nada'. Cuando la ciudadanía no espera sanciones, deja de exigirlas. Y cuando deja de exigirlas, el ciclo se perpetúa.

Conclusión: El País en la Encrucijada

La República Dominicana lleva cinco siglos conviviendo con la corrupción. Lo que ha cambiado en los últimos cinco años no es que la corrupción haya desaparecido. Lo que ha cambiado es que por primera vez hay un sistema persecutor que se atreve a mirar hacia arriba. Que el hermano de un expresidente esté en Najayo es un hecho sin precedentes en la historia dominicana.

Pero el precedente no es suficiente si no se convierte en norma. Y convertirlo en norma requiere algo que ninguna operación judicial puede garantizar por sí sola: reformas estructurales que cambien los incentivos, no solo los ejemplos. La corrupción no desaparecerá por voluntad moral: se erradica con instituciones sólidas, financiamiento transparente de la política, contratación pública competitiva y real, y educación cívica para desnormalizar el clientelismo y el patrimonialismo.

La historia de la corrupción dominicana es la historia de un país que durante siglos eligió la impunidad sobre la justicia porque era más barata a corto plazo. El costo de esa elección —en hospitales sin medicamentos, en escuelas sin maestros, en infraestructuras sobrevaluadas que se caen a pedazos— lo han pagado siempre los mismos: los dominicanos que no tienen un hermano en el Ejecutivo, una empresa fachada en el Fonper, ni un cabildero en la Procuraduría.